¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA TENTACIÓN DE IGNORAR EL FALLO?
Un
fallo es un fallo, aquí como en Cafarnaúm,
gústenos o no nos guste, si nos favorece tanto como si nos desfavorece. Pero el hecho de que algunas inteligencias -¿desperdiciadas?- propongan no acatarlo o le hagan el quite en cuanto
a lo que eso significa mediante distinciones
semánticas, revela características más profundas y arraigadas en nuestra idiosincrasia individual y
colectiva.
Se obedece
pero no se cumple: proponer
que se acepte el fallo pero que no se
cumpla tiene un origen lejano
en la relación de poder entre conquistados y conquistadores, poder colonial y sumisión
de los periféricos.
Sin
embargo, hay otra explicación mucho más
próxima: la necesidad de inmediatez, de reacciones de impacto, de mantener
vigencia mediática, de dar la impresión de eficiencia con simple discursividad.
La consecuencia de ese énfasis en la inmediatez sobre el sistema
jurídico y sobre los cambios sociales es, paradójicamente, la lentitud de los cambios sociales
estructurales.
Más allá del debate sobre
el Fallo –que se está volviendo diarreico-
vale la pena reflexionar
sobre una tendencia crónica al incumplimiento
de las sentencias o de la ley.
Esta tendencia, al fomentar
la inocuidad y sumada a la prevalencia de
lo discursivo sobre lo operativo,
lleva a la proliferación de sistemas
paralelos, no solamente políticos sino jurídicos,
para aliviar la ausencia de resultados.
No todos esos
comportamientos colectivos son ilegales,
pero producen inoperancias en el hacer: es el caso de miles de
tutelas que se interponen para
resolver casos individuales en salud y
educación al no obtener satisfacción por los procedimientos operativos ordinarios.
Repercuten en círculo vicioso y determinan los lentos avances
en la satisfacción de las necesidades básicas (para protegerse de las tutelas
hay que poner más trabas). Garantizan el
distanciamiento progresivo de lo
jurídico en la resolución de los
conflictos a la brava pero con disfraz de
legalidad.
La ONG Mesa para la vida hizo el seguimiento a la sentencia de la Corte constitucional que confirmó la exequibilidad de la
ley de despenalización del
aborto en tres casos específicos (por violación, malformaciones o riesgo para la madre). Se obedece pero no
se cumple fue el lema bajo el
cual la sentencia se volvió
inocua y, más aún, se reflejó, en la época del estudio en “ 300 dramas humanos[i]
ya que solo ocho hospitales y EPS han sido sancionadas por no cumplir el
fallo…Los 300 casos del informe de la Mesa por la Vida
no llegaron a sanciones, a pesar de la circular de la
Superintendencia en el sentido de que el único requisito es el certificado médico. Según el informe, en el 2010
solo hubo 238 interrupciones
legales registradas por el Ministerio de Protección social.
Al
respecto, el instituto Guttmacher estableció
que en Colombia, el 89% de las
instituciones están en capacidad de ofrecer servicios de IVE (Interrupción voluntaria del
embarazo), pero no lo hacen, y eso cuando los abortos clandestinos
se siguen calculando en 400.000
anuales, con los consabidos
riesgos. No pocos centros hospitalarios demoran los trámites con lo cual evitan dar cumplimiento a la
Constitución”.
Eso fue hace
dos años. Poco a poco, la consecuencia se plasma en la institucionalización
del incumplimiento reflejada en la
propia Procuraduría y en el
reforzamiento del imaginario colectivo según el cual tanto la moralidad como la ley se deben adaptar
a las propias convicciones, al propio interés político o
al del bolsillo. Solo hasta diciembre del 2012 el Distrito inauguró el
primer Centro de IVE desafiando abiertamente la discursividad opuesta al cumplimiento del fallo.
Porque el desprecio por lo jurídico como garantía de la operatividad de la democracia
se esconde, además de comportamientos
atarvanes, bajo las leguleyadas y la discursividad. Esta última
prioriza el impacto inmediato,
reforzado por la valoración de lo
histriónico y por los medios audiovisuales. No solo se evita así el cumplimiento de la ley, sino
que distorsiona el debate
público. Lleva a varias consecuencias sobre
los procesos y los razonamientos
argumentativos e impide cambio de
mentalidades:
Ø
En lo local, importa sobre todo el impacto de lo
propuesto en el período de ejercicio del cargo. Los ciudadanos
no se sienten en la obligación de analizar lo que vendrá
después del período, lo que podría suceder si hubiera más presión
ciudadana por la planeación.
Ø En lo global, la patria sale a relucir
para disfrazar la pereza o ineficiencia en el seguimiento de los asuntos públicos, así
como el desinterés por nuestras relaciones
con los países vecinos y sus
estrategias, más allá de los escándalos
y de las peleas mediáticas. ( ojo
entonces a las lógicas de confrontación que
nos quieren vender
a Nicaragua como “enemigo”)
Ø Interesan
más los procesos de aprobación que los
de aplicación efectiva de las leyes, que
no contienen, por lo general, la previsión de cómo se
financiará la respectiva política pública[ii].
Así sucedió con el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes. En el 2012, la comisión evaluadora de
su aplicación se limitó a señalar que hay que reconocer que al aprobar la ley de infancia y adolescencia (en 2007), esta no se acompañó de apropiación de recursos presupuestales para
su adecuada implementación. A ningún
congresista o partido se le ocurrió proponerla en medio del
acalorado debate que se centró en algo que no requiere averiguar el cómo: la
edad del adolescente para fijar
esa responsabilidad . Pero obviamente, si no hay recursos, no hay
resultados.
Ø Muy
afianzados en comunicaciones
subterráneas para defender sus intereses particulares, los grupos de poder se expresan
públicamente en un contexto de
reacción a lo inmediato. Es
el caso de los
Presidentes de gremios que, en
general, se limitan a pronunciarse sobre los hechos públicos, acosados por una nube de periodistas y micrófonos que, por cierto no preguntan sino sobre el tema álgido del momento.
Ø El debate público versa sobre propuestas ideales de largo plazo, pero no en
el contexto de ajustes o cambios de modelos de desarrollo, lo que
necesariamente implicaría decisiones
de largo plazo.
Ø Las
agendas política (en especial las
del poder ejecutivo y legislativo
) y mediática se trazan a los
vaivenes de esa reacción en
lo inmediato, en la cual
predomina lo verbal más que lo argumentativo o lo
operativo. La corrupción se vuelve un tema discursivo y cuantitativo (qué lugar ocupa Colombia en el ranking mundial). En el hacer,
la eficacia no puede depender de un
informe, meritorio pero hasta cierto punto, abstracto.
Ø Nos aferramos
al comportamiento del caudillo
bien sea para ensalzarlo
como para vituperarlo.
Hace 18 años
escribí:
“la espectacularización de la administración
de justicia lleva a los funcionarios de alto rango (fiscal, magistrados y
jueces) a convertirse en imágenes, que
deben ofrecer resultados inmediatos. Se produce así un
desgaste institucional por cuanto esa necesidad
de resultados inmediatos impide afrontar los
problemas operativos como, en el caso de
la Fiscalía, un mejoramiento
sustancial de la capacidad de recolección
de las pruebas distintas de la
testimonial. También a la larga, se estimulan
las peleas inter institucionales.[iii]
En la
actualidad, la dependencia judicial de las declaraciones de los delincuentes
que se acogen a la
sentencia anticipada confesando verdades
sin soporte probatorio ha
desestabilizado la confianza en la
administración de justicia,
reforzada por la carencia de investigación
en los medios. En el cubrimiento de la justicia espectáculo, los reporteros
judiciales se limitan a cubrir las audiencias públicas sin
contextualizar las declaraciones.
Ø La inmediatez
y su mayor énfasis en el impacto emocional que en la razón argumentativa fomentan
entonces el caudillismo en las
tres ramas del poder público, y en los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría
o los de investigación, como la Fiscalía. Se acentúa
en este último caso la percepción
de que hay más Fiscal que Fiscalía. El reto ya no se vuelve
entonces mejorar la institución –
en este caso la fiscalía- sino tumbar la cúpula ( como sucedió con la fiscal Vivian Morales) o depositar en esas cúpulas la
responsabilidad del resultado ( los ex presidentes en el caso
del Fallo en vez de fomentar la conciencia colectiva sobre el archipiélago como algo más que un lugar de
turismo).
Ø Ante la magnitud de los retos y la presión de la inmediatez, no pocos funcionarios
le dan, con mayor o menor intensidad, prioridad
a producir impacto mediático
y los reporteros, a conseguirlo.
Ø Las leyes se
suelen interpretar como un efímero
punto final y no como un punto de
partida, que no implica la obligación
ciudadana de organizarse para lograr
su aplicación. Se reacciona solo cuando se produce la inoperancia, el escándalo
o estalla en crisis la ausencia de
soluciones.
Ø No se
toman medidas preventivas y se
le da más importancia a la
crítica de lo presente o a culpabilizar
el pasado que a la solución planificada de lo futuro. Al
eludir la solución de problemáticas en
el largo o siquiera mediano
plazo, se proponen soluciones
inocuas- por ejemplo, el aumento de
penas como remedio a la violencia- y se personaliza la
capacidad de fortalecimiento de
la administración de justicia.
Ø En fin
de cuentas, lo público termina no obedeciendo a las
consideraciones de la razón argumentativa, las dinámicas de la eficiencia no se le
aplican y la solución de los problemas , nacionales o internacionales, se vuelve
cada vez más difícil.
Nota: del libro en preparación “Colombia
y sus inteligencias inútiles “(desperdicios de pasión y de procesos) .Se
puede reproducir citando a la
autora MTH
[i] Citado por
El Tiempo octubre 4/2011
[ii] El Tiempo febrero 7 /2012 pág. 5
[iii] MTH , El Fiscal, la dualidad de la imagen, Tercer
Mundo editores, 1994, pág. 228
