¿Es la justicia la vendada y la que perdió su balanza?

Acostumbrados  como  estamos a las polarizaciones y a la discursividad  leguleya,  la evaluación de  nuestras instituciones  no  admite  matices, que son los que más se acercan a  la realidad.   Se analizan  en términos de lo bueno  o lo malo, pero no  en cuanto  a eficiencia,  garantía   o cumplimiento de los  derechos de las personas.

Muchos medios  y periodistas  sirven además  de caja de resonancia  de  una  realidad  ficticia  en la que  importa menos  el sentido de las instituciones  que  quienes las  ocupan.

Gracias a lo mediático, el  peso de las cúpulas, es decir, en el caso de la administración de justicia, las Cortes ( Constitucional, Suprema y -aunque en menor grado- el  Consejo de Estado) es tan desproporcionado  como  en lo  político los  vitrineados  jefes de partidos,  que pontifican sin bases reales de apoyo ciudadano,  o los parlamentarios que no  representan a quienes los eligieron sino a sus propios intereses.

Lo sustancial -que  la institucionalidad  funcione- se diluye por  los vericuetos  de los procedimientos.  El  incumplimiento se ve  justificado  por  la propia discursividad, que no se preocupa  por el “cómo” sino  por las promesas teóricas o los  futuros promisorios .

No se sabe si llorar o reír por la manera como los noticieros acolitan esos comportamientos  cuando cubren  las  elecciones de  magistrados  para reemplazar a los que se retiran. Como si fuera un juego,  se solazan  cuando  después de  muchas  votaciones,  los magistrados  no  han logrado ponerse de acuerdo sobre un  nombre. Pocos desentrañan las voracidades que hay detrás. 

De todas maneras, que las cúpulas del poder judicial den semejante espectáculo en  el nombramiento de  sus  colegas  es un síntoma de su  ceguera.  Que  algunos magistrados ya ni  redactan sus  ponencias, o que las  sentencias  se filtren  para tantear   las reacciones del público son  otros  síntomas  de cómo los marea  la imagen,  y  su precario entendimiento de lo que es la dignidad del cargo.

¿Qué  sucederá ahora  con  la designación del fiscal?

Sintomático resultó  también que  los  magistrados  de la Corte  Suprema  no  hubieran  exigido que se cumpliera  lo prometido por el Presidente  en la escogencia de la terna,  en  el sentido de  libre  postulación de candidatos y  su evaluación  por méritos .

Que la Corte  Suprema  haya  avalado la farsa de  más de 100 postulaciones sin  devolver la terna y  sin solicitar que se cumpliera lo prometido, es un  hara kiri a mediano plazo  para la  administración de  justicia.  Y  también  para  Asonal  Judicial,  calladita.

 Ninguno de los tres  candidatos  (dos de  ellos  muy valiosos para el país pero ese no es el  tema)  fue el  resultado de  esa libre postulación,  sino  que provino de la  voluntad del  Presidente y sus no siempre claros consejeros. 

Cúpulas grises (Obra y Foto MTH)

Se  entroniza  así una  vez más la inmoralidad  de la contaminación de la  rama  judicial,  por  más búsqueda teórica del equilibrio de poderes;  o   pataleos de indignación sobre  las  propuestas  de comisiones  de aforados,  alegando  que  violaron  el principio de consecutividad,  cuando  de lo que se trata es de  escapar a cualquier control, como sucede con la Procuraduría.

La pérdida de credibilidad  de la  Corte Constitucional, de la Corte Suprema, de la fiscalía  y de la Procuraduría,  no son  imputables  a las normas sino a los comportamientos.  Se  simboliza cuando los magistrados  exigen “equilibrio” de poderes, pero  ni siquiera son  capaces de pedir ese  equilibrio sino que aceptan lo inaceptable.

 Leguleyismo, pero poca  garantia de los derechos

A la  Constitución del 91 tampoco  se le  pueden  endilgar las fallas de los procedimientos propios de nuestro apego a las leyes que  pretenden reglamentarlo todo  y “resolver”  cualquier problema.  Los regímenes consuetudinarios son en ese  sentido más  prácticos,  porque intentan  buscar  en  las normas fundacionales  el meollo de  la aplicación de los principios.

Una Constitución  puede  predicar el derecho a la igualdad, o derechos fundamentales como el de la salud,  pero  no puede garantizar  su  cumplimiento. Las consecuencias han sido  muchas veces  perversas. Por ejemplo, la tutela es un logro  inmenso que  no  figuraba  en la Constitución del 86. Pero a la  vez, por la ineficiencia  del sistema,  esta acción  excepcional  se convirtió  en   una aberrante  vía normal,  al  no cumplirse lo sustancial del derecho fundamental a la salud. Así crecen, silvestres, la  inmoralidad de la  corrupción,  la incapacidad de evaluar por  resultados  y  la cooptación del Estado  por la mediocridad.

La  propia  administración de justicia está llena de ejemplos perversos  de sus cúpulas,   que desestimulan a los funcionarios  honestos y capaces,  los cuales  siguen siendo mayoría.  Esos  ejemplos  denotan más una  falta de ética pública  que  fallas en  las normas constitucionales.  Poco a poco, el predominio de la inmoralidad como  “normalidad”  muestra  que cualquier  sistema  o  reforma está  condenado a fallar cuando  no  se garantiza un cambio de la mentalidad,  no sólo en lo público sino  también en lo privado.  Y, en el caso del sector público,  cuando no se da  ejemplo de un cambio  de  comportamiento  de  las cúpulas,   acompañado de una  carrera administrativa  con estrictas evaluaciones, que ponga  fin a las roscas.

La ceguera amañada a las circunstancias…

 Los  medios de comunicación  ignoraron  en  su versión  “oficial” de las celebraciones de los 25 años de  la Constitución del 91, la  única solicitud vehemente pero  que llegaba al meollo  de esa ausencia de criterios de moralidad: la del ex magistrado y Presidente de la  Corte Constitucional  Nilson  Pinilla. 

¿Cómo es posible que los magistrados  de la  Corte Constitucional  admitieran  que  el “Magistrado”   (y  aprieta   el estómago darle ese título)  Pretelt siguiera  acompañándolos  en las decisiones  del  máximo tribunal?  Escondiéndose  bajo  el  principio  de la presunción de inocencia,  sus colegas  olvidaron lo que la ética  pública implica. Por eso,  es dudoso que  la historia  los recuerde como  recuerda a  magistrados  de la primera Corte Constitucional  como Ciro Angarita,  Eduardo Cifuentes,  Alejandro Martínez , José Gregorio Hernández, Fabio Morón y  a otros que siguieron el ejemplo como Juan Carlos Henao,   cuyas sentencias  iban a la par con su comportamiento  cívico.

Tampoco se puede aceptar que el  debate sobre  la  justicia  transicional  minimice  o haga olvidar lo fundamental:  la justicia ordinaria, sometida a  los avatares de la corrupción y la lentitud, a procedimientos  desuetos,  a la ineficiente manera de trabajar y de entender la oralidad,  al  inhumano  hacinamiento  de las cárceles y al mal ejemplo de sus cúpulas.

Entonces,  que no nos vengan  con mas cuentos reforzados sobre la necesidad de una Asamblea  Nacional Constituyente  para la reforma de la justicia,  una de  tantas mentiras  que  los  ciudadanos  no podemos  seguir creyendo.

Nota :  Con la  poco sorprendente  noticia de la  "impoluta" eleccion del  Fiscal  Nestor Humberto Martínez,   queda demostrada la mediocridad  de  la Corte y  de la   decisión del Presidente.   ¡Menos  mal que   jóvenes como  los de la Pulla  de El Espectador  no tragan entero  y asumen  el relevo  de  mi generación!

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