jueves, 29 de junio de 2017

LA PERVERSIÓN DE LA AUTORIDAD EN COLOMBIA




autoridad

nombre femenino
1 Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas: abuso de autoridad; los agentes de la autoridad.
2 Persona que tiene esta facultad o derecho: las autoridades judiciales; fue recibido por el intendente y otras autoridades locales.
3 Aptitud para hacerse obedecer o para influir sobre otras personas: consideran que falta personal para establecer los controles necesarios y nosotros pensamos que lo que falta es autoridad para que se cumpla lo ordenado.

4 Crédito de la persona cuya opinión sobre cierta materia o actividad es respetada y tenida en cuenta debido a su alto grado de conocimiento o dominio sobre las mismas: es un biólogo de gran autoridad; todos esos críticos gozaban de autoridad y prestigio y escribían en un diario de inclinación intelectual y elitista.
5 Persona que tiene este crédito: es una autoridad en este campo de la ciencia.
6 Texto que se cita en apoyo de lo que se dice: diccionario de autoridades; un argumento de autoridad.
VÉASE abuso de autoridad.
(diccionario de la lengua española)

El problema más grave del país no son  los más repetidos por encuestas, sondeos   y reuniones sociales (corrupción, violencia etc.)  sino otro:  se tiene de la  autoridad una percepción colectiva equivocada.  Respecto de las tres primeras  acepciones de la palabra,  esa percepción se centra más en  la persona  que en la facultad  o  el derecho ,  y  casi nada  en la aptitud para que los demás obedezcan.  Solo después  importa  lo que  supuestamente debió hacer la persona  nombrada  para que el resto de los colombianos obedecieran.  Y eso en todos los niveles.

  El  mal no es exclusivo de Colombia,  sino  de los  países para los cuales  importa un higo el “imperativo categórico” a la kantiana. En ese sentido, y a diferencia del protestantismo, la Iglesia  católica, tan cercana en nuestra  historia  latinoamericana al poder civil, se preocupó más del poder  en esta tierra,  la  confesión y el perdón, que  en el deber moral colectivo terrenal.

Por eso,  aún a la  definición personalista del diccionario  de la lengua española  que puse como encabezamiento,   le hace  falta un ingrediente fundamental para que las  cosas funcionen y las normas dejen de  acatarse para no cumplirlas.  Noten que  en la  definición  española, la referencia a la  persona es más central que a las instituciones  que representa,  o al sentido  que  tienen las normas, reglamentos o  demás vehículos que  supuestamente  hay que obedecer, y frente a las cuales, en  Colombia  al menos,  no hace mayor  diferencia  el funcionario notable  que lo sea  en  la teoría .

PERCEPCIÓN DE  AUTORIDAD


No se trata de afirmar,  ni mucho menos, que individualmente los colombianos no sepamos  qué  es la autoridad o al menos  creemos saberlo.

Pero gracias - en parte-  a  los medios  de comunicación,   la percepción predominante que se tiene  de la  autoridad es  un poder  gritón,  inepto, arbitrario o corrupto que ejerce una persona.

Frente  a esa percepción  se diluye la importancia  del sentido  “razonable” o razonado  de la norma, reglamento o instrucción que el ciudadano y- por  supuesto el funcionario-  deben cumplir.

Eso responde también  a otra percepción predominante  que se tiene  desde la ciudadanía,  además del  “no hay nada que  hacer, así somos los colombianos.”  El fatalismo  está  tan  incrustado  en  nuestras mentalidades  que  para responderle, solo  hay  soluciones como la ley  de la ventaja, hacerse el pendejo(a),  o  reforzar el individualismo, aspirando a  irse  para otras partes , en donde “las cosas si funcionan”.  En otras palabras, aquí  es válido  saltarse las  normas o reglamentaciones, pero no prevenir los problemas .

 Se termina  por creer que la manera de responder a la inercia del Estado es  el aislamiento,  el  grito  o una agresividad que callan a los  demás, lo cual no deja de ser una paradoja de  nuestra democracia.  Lleva  al extremo de que una persona  que fue  tan  autoritaria como Uribe Vélez  hablara del “Estado de opinión “ – lo cual equivalía a saltarse  los conductores regulares como  sucedió con los consejos comunitarios- . Y produce  hoy  una  veneración  de sus seguidores  que llega  casi al ridículo  con  producción de  justificaciones  a  cada  declaración del  Jefe . La autoridad  queda   subsumida por el autoritarismo. Y, en el  gobierno actual, por  lo publicitario.

DOS EJEMPLOS  Y SUS  CONSECUENCIAS


Tanto la actitud del Estado como, sobretodo,  la de los ciudadanos frente a lo prohibido,   tienen consecuencias prácticas. La más  perturbadora es  una  desconfianza  generalizada que propicia  el  “todo vale” – para utilizar la expresión del admirado  Mockus.  Esa desconfianza produce  a su vez , desde los Gobiernos,  escogencias equivocadas  de personas cuya única  gracia es haber sido recomendadas  por alguien  o  ser cercanas a alguien.   Eso  sucede en  forma grotescas  en casos   como el del director de la unidad  anti corrupción de la  fiscalía.  Pero en  general,  la vara de  la capacidad de hacer cumplir la ley o los reglamentos se mide por la cercanía   al funcionario o  por  hojas de vida  que  acumulan títulos,  pero no  en  suscitar  el  respeto  o la legitimidad de las autoridades susceptibles de  ser  controladas por la ciudadanía. Veamos dos casos.

LA TRAGEDIA DE LA MINA  EN  CUCUNUBÁ:  El  caso es tan repetitivo que  se convierte en  formato. Ocurre la tragedia,  y solo entonces autoridades, ciudadanos, reporteros  improvisados,  luces, cámara y acción,  se  dirigen hacia el  sitio  de la tragedia  para descubrir el problema.

 A veces , se  incluye una visita presidencial,  sobre todo cuando  el rating (perdón, las  encuestas)  muestran una preocupante  caída.  Llega  también  al sitio de la tragedia  el  ministro o funcionario  delegado de la autoridad  nacional,  departamental y local. Pero en el fondo, para hacerse visibles  cuando no lo fueron  antes más allá de sus  intereses personales, para  que la gente (es decir, los medios)  sepa que  “se  va a iniciar una investigación exhaustiva  y se van a  tomar las medidas del caso”.

Nadie supo inquietarse y ejercer autoridad antes de que el mal ocurriera.  Y poco peso tiene  en realidad,  que la  minería ilegal proliferara  por  el abuso de  concesiones ,  por  los ojos ciegos  y  oídos  sordos  de autoridades  que  no supieron  ponerle coto  y son responsables de las tragedias.

Tomado de creative commons
2- EL HUNDIMIENTO DE UNA EMBARCACIÓN “TURÍSTICA” EN  EL  EMBALSE DE GUATAPÉ es la  demostración tajante  de que  el  turismo como  política de desarrollo económico  y social no  es viable  si se sigue  alcahueteando  su cooptación política . El mérito del ex alcalde de Guatapé  y socio de la empresa responsable del naufragio por incumplimiento de normas elementales como chalecos de  salvavidas,  termina siendo  que “ ayudó en las labores de  rescate” como si eso lo exonerara de  responsabilidad.
 

 La  Ministra de Turismo, que lo es también de  Industria y Comercio exterior,  vive hablando de  como vamos a ser  una potencia  turística, pero  se olvida que para  serlo  hay  que superar la etapa de turismo de mochila  y crear la confianza de la seguridad en el turismo,  no  solo por  bellas  campañas  que tapan el  contexto  real de Colombia en este momento,   sino ofreciendo  garantías a los  turistas.

 Todos  hemos  subido a lanchas  o barquetas  como  éstas,  en lo que menos  cuenta es la  seguridad  de los pasajeros  y ahí seguimos haciéndolo después de cada tragedia.  Es decir, así  alcahueteamos que se incumplan las normas  y que se  aproveche de la falta  de rigor   del responsable. Luego, el periodismo “descubre”  que  no se han cumplido las reglas o que no existían  y que los  ciudadanos no se preocupaban  por exigir  el  cumplimiento de las normas, como un simple  chaleco salvavidas  para los que no saben o la revisión periódica de las embarcaciones y transportes .

  Solo la tragedia viene a poner de relieve esos incumplimientos, es decir, la incapacidad de  la autoridad para  hacerse obedecer, cuando ya es muy tarde. En la cultura de la ilegalidad (trátese de  minería o de  turismo, de  educación o de ambiente )  hasta que no  atrapen al  funcionario  que no  hizo la tarea , o  se hunda la  barca, o haya  avalancha, o se deforeste sin medir las consecuencias, o llega la aftosa,  empiezan a existir normas  que se incumplieron o funcionarios que debieron hacerlas  cumplir.  Así lo  prohibido tiene  razones  que se  olvidan con demasiada facilidad  y   la  costumbre de pasar la línea termina  favoreciendo a unos pocos.








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