¿Y ESO QUÉ TIENE?

Lo más impresionante de la peleadera entre el fiscal y el Procurador, el crucero de marras y otros casos ya olvidados, no es que sucedan, sino que suceden porque la primera actitud moral es no caer en cuenta de que eso no se debe hacer. O si se cae en cuenta, llevan a una conclusión que redime de la falla ética al preguntarse ¿Y eso qué tiene? 

 

 La expresión, de pronto, es un colombianismo pero, en todo caso, de significado muy profundo para explicar actitudes que van construyendo un comportamiento “tolerable” en casi todos los sectores de la colombianidad.

Muchos de los problemas colectivos de la sociedad colombiana radican en que lo jurídico es el punto de referencia ético porque la ley es suficientemente laxa;  su  discursividad, sobrevalorada , admite varias interpretaciones y esguinces, desde que se predicó el “se obedece pero no se cumple”. Eludir el cumplimiento como  gracia de la malicia criolla implicaba una falla ética que muy poco ha sido cuestionada.

 Otro punto de referencia ético suele ser el de la religión, que tampoco ayuda a reconocer que todo tiene que ver con la responsabilidad moral como tendencia colectiva. En manos de Dios queda la responsabilidad de que suceda lo que sucede. Pero además, la reflexión ética se diluye ante la terquedad fundamentalista, que fracturó el comportamiento moral. Fue el caso, por ejemplo, del aborto (que estimuló la clandestinidad), o el pecado de lo sexual frente a la virginidad de María (que estimuló la prostitución y la pedofilia). La contundencia y la brutalidad del hecho (violación)  y su  efecto sobre la dignidad de la mujer se volvieron un asunto menor y perdieron poco a poco importancia colectiva.

DESVALORIZACIÓN MORAL DE LAS CORTES

 Pero volviendo a las Cortes, se han desvalorizado moralmente por dos factores. El primero, la seducción por la inmediatez y la necesidad de impacto. El segundo, ya mencionado: la identificación de lo ético con lo jurídico.

  

En el caso concreto del crucero, es decir, del comportamiento de las cúpulas que afecta la dignidad de toda la rama (como la afectó recibir regalos de Giorgio Sale), la base de todo el asunto está en que a una funcionaria, “modelo” de la rama judicial  por ser Presidente de la Corte Suprema,  le pareciera “correcto” irse de crucero con los candidatos que ella deberá escoger como  colegas.

 Después de esa decisión, que no le ameritó siquiera una duda ética, la magistrada cede territorio ético y va entrando en la justificación jurídica (que la exime de un posible delito, para ella fundamental). Le surge entonces, como a otros desvalorizadores del comportamiento ético, la pregunta justificadora: ¿y eso qué tiene?

 Cuando falla la justificación por omisión (no, eso no tiene nada de reprobable, no es delito, el permiso está contemplado en el reglamento, quedo absuelta por eso mismo), el tercer paso es la necesidad de argumentar: que el hijo le regaló el crucero, lo que no afronta el cuestionamiento ético de fondo de su comportamiento con los  magistrados viajeros.

Pero el  asunto, al que lo medios le han dado resonancia, termina por perderse en el cúmulo de denuncias, las unas más graves que las otras y que,  en todo caso, pasada la inmediatez, se diluyen en el tiempo.

Es, en el fondo, el mismo proceso sicológico que lleva a la argumentación  del que  se salta una barrera para no pagar el tiquete, o  asesina,  o se deja comprar para votar,  peca por la paga, paga por pecar, despoja al otro, construye o destruye pruebas en la propia función judicial.

¿Y ESO QUÉ TIENE QUE VER CON EL FISCAL Y EL PROCURADOR?

 La laxitud ética que empieza a contagiar la rama judicial es estimuladas por dos factores: el estancamiento de la administración de justicia en el fango de procedimientos formalistas y la presión de la inmediatez  (ver impacto) que suscita en jueces y magistrados, fiscales y procuradores,  propuestas teóricas de la discursividad que no inciden en la solución real de los problemas.

“Descubrir” y proponer que el Ministerio público deba desaparecer de los procesos veinte años después de que  se adoptara el Sistema penal acusatorio, como lo hace el Fiscal ahora, y precisamente cuando los dos funcionarios tienen enfoques distintos sobre el proceso de La Habana es buscar en la peleadera una respuesta a la necesidad de impacto que se ha vuelto la motivación principal de la función pública.

 La acción de los medios audiovisuales estimula sin duda esa seducción por la imagen que, de contragolpe porque todo tiene que ver con todo, favorece también a los medios. ¿Por qué? Porque  el impacto de las lógicas de confrontación se sobrepone y anula la necesidad de investigación. No nos digamos mentiras : es mucho más cómodo para el periodismo y cuesta menos para los canales “cubrir” procesos judiciales y evolución de proyectos en el Congreso que hacer trabajo de campo o dedicarle meses a seguir una pista.